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Basta ya: stop a los privilegios injustificados
Durante años, se ha pedido a quienes menos tienen que hagan siempre más esfuerzos. Se habla de austeridad, de recortes del gasto, de apretarse el cinturón… pero estos esfuerzos parecen afectar solo a una parte de la población: los ciudadanos con ingresos modestos. Mientras tanto, personalidades políticas, en particular antiguos presidentes de la República, siguen disfrutando de ventajas desproporcionadas aunque ya no estén en el cargo. Coche con chófer, vivienda oficial, oficinas, secretaría, protección personal… todo pagado con dinero público. ¿Por qué seguir manteniendo un estatus que ya no tiene razón de ser? Una vez terminado su mandato, que vuelvan a la vida laboral, como todo el mundo, sin tratos de favor.
El escándalo no acaba ahí. En la Asamblea Nacional, demasiados diputados están ausentes, en silencio o incluso dormidos durante las sesiones. Sin embargo, su salario nunca llega tarde, ni tampoco sus dietas. ¿Dónde está la lógica? En cualquier profesión, semejante actitud sería sinónimo de sanción o incluso de despido. Pero en el mundo político, parece que la exigencia de resultados no existe. Es hora de replantear este modelo. Un mandato electivo es una responsabilidad, no una renta. Los representantes electos deben rendir cuentas, estar presentes, ser activos y comprometidos. De lo contrario, su remuneración debería ponerse en cuestión.
También se habla de esas « jubilaciones doradas » y de los « paracaidas » abonados a ciertos responsables públicos. Se pagan sumas astronómicas a personas que abandonan sus funciones con condiciones de salida dignas de grandes ejecutivos, mientras que la mayoría de los ciudadanos deben conformarse con una pensión muy por debajo de sus necesidades reales. Este doble rasero es insoportable. Alimenta un sentimiento generalizado de injusticia, un profundo desaliento ante un sistema que nunca parece jugar limpio.
Finalmente, hay que plantear la cuestión de todos esos privilegios llamados "de cargo": coches, viviendas, tarjetas de crédito, viajes… Estos privilegios deberían estar estrictamente regulados, o incluso suprimidos, porque ya no responden a ninguna necesidad profesional real. Un trabajo merece un salario, solo uno, justo y transparente. Nada más. Como un trabajador con el salario mínimo que, cada día, da su tiempo y energía para mantener el país en marcha, sin ningún reconocimiento excesivo, sin privilegios.
Es hora de replantearse nuestra relación con los representantes electos, con los antiguos responsables y con todos aquellos que se benefician de un sistema que se ha desconectado de la realidad. El ejemplo debe volver al centro del compromiso público. Es una exigencia de justicia, de coherencia y, sobre todo, de respeto hacia quienes viven con poco pero dan mucho.
Basta ya: stop a los privilegios injustificados
Durante años, se ha pedido a quienes menos tienen que hagan siempre más esfuerzos. Se habla de austeridad, de recortes del gasto, de apretarse el cinturón… pero estos esfuerzos parecen afectar solo a una parte de la población: los ciudadanos con ingresos modestos. Mientras tanto, personalidades políticas, en particular antiguos presidentes de la República, siguen disfrutando de ventajas desproporcionadas aunque ya no estén en el cargo. Coche con chófer, vivienda oficial, oficinas, secretaría, protección personal… todo pagado con dinero público. ¿Por qué seguir manteniendo un estatus que ya no tiene razón de ser? Una vez terminado su mandato, que vuelvan a la vida laboral, como todo el mundo, sin tratos de favor.
El escándalo no acaba ahí. En la Asamblea Nacional, demasiados diputados están ausentes, en silencio o incluso dormidos durante las sesiones. Sin embargo, su salario nunca llega tarde, ni tampoco sus dietas. ¿Dónde está la lógica? En cualquier profesión, semejante actitud sería sinónimo de sanción o incluso de despido. Pero en el mundo político, parece que la exigencia de resultados no existe. Es hora de replantear este modelo. Un mandato electivo es una responsabilidad, no una renta. Los representantes electos deben rendir cuentas, estar presentes, ser activos y comprometidos. De lo contrario, su remuneración debería ponerse en cuestión.
También se habla de esas « jubilaciones doradas » y de los « paracaidas » abonados a ciertos responsables públicos. Se pagan sumas astronómicas a personas que abandonan sus funciones con condiciones de salida dignas de grandes ejecutivos, mientras que la mayoría de los ciudadanos deben conformarse con una pensión muy por debajo de sus necesidades reales. Este doble rasero es insoportable. Alimenta un sentimiento generalizado de injusticia, un profundo desaliento ante un sistema que nunca parece jugar limpio.
Finalmente, hay que plantear la cuestión de todos esos privilegios llamados "de cargo": coches, viviendas, tarjetas de crédito, viajes… Estos privilegios deberían estar estrictamente regulados, o incluso suprimidos, porque ya no responden a ninguna necesidad profesional real. Un trabajo merece un salario, solo uno, justo y transparente. Nada más. Como un trabajador con el salario mínimo que, cada día, da su tiempo y energía para mantener el país en marcha, sin ningún reconocimiento excesivo, sin privilegios.
Es hora de replantearse nuestra relación con los representantes electos, con los antiguos responsables y con todos aquellos que se benefician de un sistema que se ha desconectado de la realidad. El ejemplo debe volver al centro del compromiso público. Es una exigencia de justicia, de coherencia y, sobre todo, de respeto hacia quienes viven con poco pero dan mucho.
Basta ya: stop a los privilegios injustificados
Durante años, se ha pedido a quienes menos tienen que hagan siempre más esfuerzos. Se habla de austeridad, de recortes del gasto, de apretarse el cinturón… pero estos esfuerzos parecen afectar solo a una parte de la población: los ciudadanos con ingresos modestos. Mientras tanto, personalidades políticas, en particular antiguos presidentes de la República, siguen disfrutando de ventajas desproporcionadas aunque ya no estén en el cargo. Coche con chófer, vivienda oficial, oficinas, secretaría, protección personal… todo pagado con dinero público. ¿Por qué seguir manteniendo un estatus que ya no tiene razón de ser? Una vez terminado su mandato, que vuelvan a la vida laboral, como todo el mundo, sin tratos de favor.
El escándalo no acaba ahí. En la Asamblea Nacional, demasiados diputados están ausentes, en silencio o incluso dormidos durante las sesiones. Sin embargo, su salario nunca llega tarde, ni tampoco sus dietas. ¿Dónde está la lógica? En cualquier profesión, semejante actitud sería sinónimo de sanción o incluso de despido. Pero en el mundo político, parece que la exigencia de resultados no existe. Es hora de replantear este modelo. Un mandato electivo es una responsabilidad, no una renta. Los representantes electos deben rendir cuentas, estar presentes, ser activos y comprometidos. De lo contrario, su remuneración debería ponerse en cuestión.
También se habla de esas « jubilaciones doradas » y de los « paracaidas » abonados a ciertos responsables públicos. Se pagan sumas astronómicas a personas que abandonan sus funciones con condiciones de salida dignas de grandes ejecutivos, mientras que la mayoría de los ciudadanos deben conformarse con una pensión muy por debajo de sus necesidades reales. Este doble rasero es insoportable. Alimenta un sentimiento generalizado de injusticia, un profundo desaliento ante un sistema que nunca parece jugar limpio.
Finalmente, hay que plantear la cuestión de todos esos privilegios llamados "de cargo": coches, viviendas, tarjetas de crédito, viajes… Estos privilegios deberían estar estrictamente regulados, o incluso suprimidos, porque ya no responden a ninguna necesidad profesional real. Un trabajo merece un salario, solo uno, justo y transparente. Nada más. Como un trabajador con el salario mínimo que, cada día, da su tiempo y energía para mantener el país en marcha, sin ningún reconocimiento excesivo, sin privilegios.
Es hora de replantearse nuestra relación con los representantes electos, con los antiguos responsables y con todos aquellos que se benefician de un sistema que se ha desconectado de la realidad. El ejemplo debe volver al centro del compromiso público. Es una exigencia de justicia, de coherencia y, sobre todo, de respeto hacia quienes viven con poco pero dan mucho.
